El asunto hizo ruido en medio de un período de controversia sobre la reforma de las pensiones. El Ministro de Transformación y Función Pública, Stanislas Guerini, envió un vídeo a través de su servicio de mensajería a más de 2,3 millones de funcionarios el 26 de enero de 2023 para explicar la reforma y sus beneficios. Una comunicación política poco apreciada por algunos que presentaron una denuncia ante la CNIL.

Este último se reunió en formación restringida y acaba de dar una advertencia al gobierno. Señala en su análisis que el ministerio utilizó el archivo de la ENSAP (Espacio digital seguro para funcionarios públicos estatales) para enviar su mensaje. Esta plataforma, desarrollada por el Ministerio de Economía, se rige por un decreto que fija la naturaleza de los intercambios con los funcionarios. Se utiliza en particular para información sobre pensiones, remuneraciones o cuentas de jubilación.

Comunicación de carácter político y de incumplimiento

Queda excluida de los fines de los intercambios en la plataforma Ensap la comunicación de carácter político. Por tanto, el debate en el seno de la formación restringida se centró en la calificación del mensaje del ministerio. La defensa de este último destacó que "el envío no tenía como objetivo promover el proyecto de reforma, sino informar, como empresarios, a los funcionarios públicos sobre las áreas específicas que les conciernen y el impacto muy concreto que podría resultar para ellos". Añadió que el destinatario era libre de ver el vídeo o no.

Los argumentos no convencieron a la CNIL considerando el carácter político del contenido y que, por tanto, existía una infracción en el uso de direcciones de correo electrónico para transmitir un mensaje de carácter político. En su decisión destaca incluso un problema de seguridad en el método utilizado. “El correo electrónico recibido por los agentes no los invitaba a consultar un mensaje en la ENSAP, sino que contenía el mensaje con un enlace a un video alojado en un servicio de terceros”. Por todas estas consideraciones, el regulador lanzó un llamado al orden al tiempo que recordó que “en caso de que el tratamiento de datos personales sea realizado por el Estado, no se puede imponer una multa administrativa”.