En pleno verano, se puso en marcha la implantación de la factura electrónica, que debía comenzar el 1 de julio de 2024. pospuesto sine die. Sin duda, este cambio era deseado por algunas empresas que consideraban que el calendario del Estado era demasiado acrobático. Pero se debe sobre todo al retraso de Bercy en lo que parece, a nivel técnico, la piedra angular del sistema: el Portal de Facturación Pública (PPF), desarrollado por un organismo dependiente del Ministerio de Finanzas, el AIFE ( Agencia de TI Financiera del Estado).
En una reunión organizada el 14 de septiembre con un grupo de empresas implicadas en la reforma (la Relay Community), laa La DGFiP (Dirección General de Finanzas Públicas) confirmó que el PPF no estaría listo a finales de 2023 como estaba previsto -para las primeras pruebas-, sino más bien en el otoño de 2024. Sin más precisiones por el momento. Durante esta misma reunión, la DGFiP levantó el velo sobre un nuevo calendario para la implementación de la reforma, que prevé un desarrollo continuo del PPF en 2024, una fase piloto más extensa de lo que se había previsto originalmente a lo largo del año. a lo largo de 2025 para la producción en dos o tres fases a partir de marzo de 2026.
“Esperábamos un retraso de 6 a 8 meses. Aquí hablamos más bien de doble. Todos los planes de negocio se retrasan dos años”, lamenta Olivier Taligault, director del programa regulatorio de Basware, editor candidato a convertirse en PDP. Detrás de esta nueva sigla se esconden las Plataformas de Desmaterialización de Socios, soluciones privadas diseñadas para conectarse al PPF para gestionar el flujo de facturas electrónicas de las empresas. Sin PPF, todo el sistema está congelado, incluida la certificación de una veintena de empresas que desean convertirse en PDP. Tal es así que la DGFiP estudia la precertificación de plataformas asociadas para permitir a las empresas iniciar su migración a nuevos procesos 100% desmaterializados. Los editores con los que contactamos están considerando lanzar pruebas iniciales, destinadas a validar la interconexión entre PDP, sin el componente central que debe proporcionar el AIFE. “Podemos trabajar en V, probando todo lo posible sobre los flujos entre PDP”, asegura Christophe Viry, director de marketing de producto de Generix, otra editorial posicionada en este mercado.
Un retraso que aumentará la factura del PPF
“Este retraso nos avisaron bastante tarde”, lamenta Cyrille Sautereau, presidente del FNFE (Foro Nacional de Factura Electrónica). Las empresas habían invertido para estar listas en las fechas indicadas; para ellos, el cambio de cronograma significa más costos y un retorno de la inversión retrasado. En cuanto a las empresas emergentes que han recaudado fondos para desarrollar un PDP, la decisión de posponerlas las coloca en una situación difícil. » Los editores del PDP también temen que las empresas se alejen del tema y relajen los esfuerzos que han emprendido. Un barómetro reciente de Generix, entre medianas y grandes empresas, indica que alrededor de tres cuartas partes de ellas pensaban que estaban preparadas para la fecha límite del 1 de julio de 2024. Con, para ciertos grandes grupos, elevadas facturas de cumplimiento (estamos hablando de varios decenas de millones de euros). Además, no se puede descartar ningún riesgo de nuevos retrasos en el cronograma, ya que el PPF sigue siendo hasta la fecha una aplicación en desarrollo que los editores del PDP no han podido abordar ni probar.
El futuro mecanismo de facturación electrónica que desmaterializa la relación entre clientes y proveedores. Un diagrama en forma de Y que otorga un papel central al futuro portal de facturación pública. (Crédito: AIFE)
El nuevo calendario ya resultará inevitablemente en costos adicionales para el PPF, un proyecto costoso para las finanzas públicas incluso antes de las inevitables extensiones presupuestarias que implica este cambio de calendario. En un dictamen del pasado mes de enero, Dinum (Dirección Interministerial Digital), el Departamento Informático del Estado, estimó la factura del PPF y de la adaptación del SI de la DGFiP en 122 millones de euros, a los que se añaden 44 millones de euros. € por año de funcionamiento. Este dictamen de enero de 2023 también amplía un primer dictamen de la misma Dinum sobre el mismo tema, que data de mayo de 2022. Durante esta primera ronda, el departamento informático del Estado solo tuvo acceso a un expediente incompleto, no se pudo completar la formulación del proyecto. por esta primera remisión a este organismo encargado de auditar los grandes proyectos informáticos del Estado. “Una singularidad”, según Dinum, destinada a permitir el lanzamiento de contratos de construcción y, por tanto, la construcción de la PPF confiada a los proveedores de servicios. En particular, el diseño y desarrollo del PPF por el que AIFE optó en agosto de 2022 por el dúo Capgemini y CGI, por un importe de 21 millones de euros. Esta singularidad indica también cómo, desde el lanzamiento del proyecto, el calendario parecía ambicioso.
Cambiar especificaciones
Además, si el PPF recibió luz verde de Dinum para su lanzamiento (un dictamen conforme), este último destacó en su opinión ciertas debilidades del proyecto. En particular, la falta de indicadores de progreso y de impacto que permitan “evaluar el buen funcionamiento del proyecto”, o la necesidad de finalizar lo antes posible las opciones de estructuración del proyecto en cuanto a la arquitectura, la estrategia de prueba o incluso la migración. de los datos existentes. Sobre todo, Dinum observó: “además del prellenado de la declaración de IVA y la herramienta de visualización de datos, el expediente [soumis à son examen, NDLR] no presenta en detalle los casos de uso que ofrece la recolección de datos inducida por la facturación electrónica y el impacto buscado respecto de la inversión que representa el proyecto y su costo de operación. Sin embargo, sus instancias pueden tener un impacto significativo en la planificación, el presupuesto y cuestionar ciertas opciones de estructuración del proyecto. » En otras palabras, Dinum señaló a continuación que Bercy y AIFE no habían terminado de redactar las especificaciones funcionales detalladas, a pesar de que los proveedores de servicios habían iniciado el desarrollo del PPF, punto también subrayado por varios interlocutores entrevistados en el marco de este artículo. El dictamen de Dinum del pasado mes de enero estipulaba además: "el equipo del proyecto debe examinar todos los casos de uso lo antes posible e identificar todas sus consecuencias: técnicas, funcionales, financieras y en la hoja de ruta del proyecto". Obviamente, esta recomendación no pudo implementarse a tiempo.
Cuando fueron contactados, ni la DGFiP ni la AIFE respondieron a las solicitudes de nuestro colega CIO.
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