El ministro de Cuentas Públicas, Gabriel Attal, anunció esta semana un plan para combatir el fraude social. Entre las medidas anunciadas, una se refiere a los servicios sanitarios. Esto incluye fusionar la cédula de identidad y la cédula vital. La idea de unir estas dos tarjetas provocó fuertes reacciones en las redes sociales y también en asociaciones de protección de la privacidad. La Comisión Nacional de Informática y Libertades también se ha encargado de hacer un balance de esta cuestión, llamando la atención sobre el necesario respeto de los principios relativos a la protección de datos. Recuerda que, desde 2019, el Estado busca “fortalecer la eficacia de los sistemas existentes para combatir el fraude social. En este contexto, recientemente se ha confiado a la Inspección General de Asuntos Sociales (IGAS) y a la Inspección General de Finanzas (IGF) una misión para examinar diferentes escenarios, en particular la implantación de una tarjeta Vitale biométrica o la fusión de la tarjeta Vitale con la cédula de identidad”.
Allá CNIL tomó posición al respecto en una carta fechada el 13 de marzo. Recordó que “el número de seguridad social (NIR) es un dato único para cada francés y, por lo tanto, particularmente sensible”. En este sentido, insistió en la necesidad de realizar un trabajo riguroso para evaluar el fraude social. En su enfoque para combatir el fraude en la atención médica, el Estado quiere eliminar lo que llama “turismo médico ilegal”; el hecho de utilizar la tarjeta Vitale de otra persona para su atención. Sin embargo, este punto sigue siendo delicado, como señala la CNIL. "Por ejemplo, debería mantenerse la posibilidad de confiar la tarjeta Vitale a un tercero para tener en cuenta las situaciones particulares de determinadas personas aseguradas socialmente (cuidadores)".
Las modalidades aún no están claras
En cuanto al calendario exacto y los términos de esta potencial fusión, nada está claro. En una entrevista con Le MondeGabriel Attal especifica: “Podemos imaginar un modelo en el que, a partir de una fecha determinada, cuando rehaces tu documento de identidad, éste se convierte automáticamente en tu tarjeta Vitale”. Añade que en verano se lanzará una misión de prefiguración que podría llegar a conclusiones a finales de año. Cabe señalar también que la idea de una tarjeta biométrica Vitale parece abandonada, en particular por su coste. La Comisión considera que este escenario constituye “la solución menos intrusiva y menos riesgosa” siempre que se proporcionen ciertas garantías. Tal como está, la solución propuesta por el Gobierno todavía presenta zonas grises que tendrá que aclarar si quiere que su proyecto tenga éxito, prestando especial atención a la cuestión de la seguridad, que sigue siendo importante en este caso.
Por su parte, la CNIL formuló varias recomendaciones. En caso de que se produzca la fusión, aconseja asegurarse de que el NIR (número de seguridad social) esté introducido en un compartimento compartimentado dentro del chip electrónico de los nuevos “cédulas de identidad electrónicas” y no escrito en la tarjeta, ni siquiera con un código QR. . “Este número sólo sería legible por herramientas y actores del ámbito médico y médico-social”, añade. Asimismo, se deben implementar medidas de seguridad específicas para garantizar que la NIR no sea comunicada a otros actores. Cualquier persona que acceda al NIR del documento de identidad, especialmente en el momento de la creación del título, también estará sujeta al secreto profesional. Por último, la tarjeta Vitale no es obligatoria, la ley debe prever la posibilidad de que el asegurado se oponga a la inclusión de su número de seguridad social en su documento de identidad y deben mantenerse alternativas al uso de la tarjeta de identidad.
Evidentemente, será necesario garantizar que el uso del documento de identidad en lugar de la tarjeta Vitale reduzca realmente los casos de fraude social. Actualmente, el Gobierno indica que “en términos de beneficios para la salud, el objetivo de 500 millones de euros en daños financieros detectados y evitados debería alcanzarse de aquí a 2024”. Se reforzarán los controles específicos sobre los profesionales sanitarios que presenten niveles de prescripción atípicos. La CNIL también reafirma su punto de vista sobre la tarjeta biométrica Vitale: no está a favor de esta solución. Ella "estimó que el escenario que involucraba la biometría presentaba el mayor nivel de riesgo de ataque a la privacidad y las libertades individuales".
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