"Hemos visto muchos cambios en términos de calendario y alcance. Esto obliga a las empresas a repensar los escenarios de cumplimiento". Para Christophe Viry, director de marketing de productos de Generix, una editorial candidata a convertirse en PDP (Partner Dematerialization Platform), el aplazamiento de la reforma de la facturación electrónica implica inevitablemente un rediseño de los proyectos en las organizaciones que habían iniciado su adaptación. Se trata a menudo de un proyecto difícil y costoso, ya que implica tratar muchos casos específicos y revisar múltiples procesos. "Además, las empresas deben seguir constantemente la situación regulatoria en la materia, ya que el trabajo sigue estando sujeto a cambios. Debemos aceptar trabajar en un modo de mejora continua. Estamos hablando de una reforma muy completa en un país complejo en términos de regulaciones". "El aplazamiento del lanzamiento del PPF (el Portal Público de Facturación al que se conectarán las PDP privadas, NdR) es un reflejo de esta situación", prosigue Christophe Viry, que intervino en la jornada de la factura electrónica 2024, organizada el 7 de marzo por el FNFE (Foro Nacional de la Factura Electrónica).

Un soplo de aire fresco...y dificultades

El objetivo de las empresas que han empezado a aplicar la normativa antes de tiempo (al menos 1.300 de ellas se habían inscrito en el piloto, cuyo inicio está previsto para principios de 2024 en el calendario de reformas, antes de que se aplazara) es no perder impulso y minimizar los costes adicionales que supondrá el aplazamiento. "Ahora estimamos que el piloto en producción comenzará a mediados de 2025 o en el tercer trimestre de 2025", continúa Christophe Viry. "Con la presentación del directorio, que espero para finales de noviembre, se trata de nuevos elementos que integrar en el calendario del proyecto". Si bien el retraso puede permitir a los CIO y CFO profundizar en algunos temas que no estaban en los calendarios iniciales (racionalización de soluciones, desmantelamiento de soluciones existentes, expansión internacional, transformación de la función financiera, etc.), plantea una serie de preguntas en el seno de las organizaciones.

«El aplazamiento de la reforma nos ha dado un soplo de aire fresco, pero rápidamente ha planteado dificultades. ¿Cómo podemos mantener a los equipos movilizados durante dos años más?», explica Cédric Lollier, responsable del proyecto de financiación de MOA en Fnac Darty. El grupo ha empezado a aplicar la reforma en 2022, debido a un panorama de aplicaciones existente que requiere numerosas adaptaciones. «Hemos decidido completar los desarrollos iniciados, pero aplazar los trabajos previstos a partir de entonces entre uno y dos años. Y, aunque hayamos decidido reducir el alcance, el presupuesto asignado al tema sigue siendo sustancial en 2024», resume el responsable del proyecto. Además, el aplazamiento también tiene repercusiones en otros proyectos: «Teníamos las inversiones congeladas para programarlas en el periodo posterior a la reforma», explica Cédric Lollier. Con el retraso de dos años, esto ya no es sostenible». Fnac Darty ha decidido finalmente adelantar la fecha límite de la reforma, cambiando los flujos de facturación antes de la fase para evitar una transición en modo Big Bang.

Interoperabilidad: no todo está resuelto

Este trabajo previo a la fecha límite no está exento de dificultades prácticas, debido a la falta de un cierto número de componentes clave. Como atestigua Pierre Bonsack, de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France: "Acabamos de migrar cinco proveedores vinculados a cinco PDP o proveedores EDI diferentes a nuestra futura plataforma PDP @GP. Debe hacerse manualmente, caso por caso. Disponer de una red de intercambio y un directorio representaría una simplificación significativa en la implementación, sobre todo porque este entorno está en constante cambio". Si bien la AIFE ha prometido la disponibilidad del directorio de organizaciones sujetas a la reforma antes de finales de 2024, aún se espera la disponibilidad de una red de intercambio, que garantice la interoperabilidad entre PDP. Para ello, se inició en Francia un prototipo basado en el conjunto de especificaciones europeas Peppol, destinado a simplificar el intercambio de documentos electrónicos de contratación, incluidas las facturas, que reunió a 60 participantes, incluidos 40 candidatos a PDP. Objetivo: procesar los flujos en producción a partir del primer semestre de este año.

"Hemos tardado 30 años en alcanzar una tasa del 15 o 20% de facturas electrónicas basadas en datos estructurados. Esto es consecuencia de la ausencia de reglas comunes, que incluyen sin duda un marco común y un calendario definido -éste es el objetivo de la reforma-, pero también una organización del ecosistema", explica Cyrille Sautereau, presidente del FNFE (Foro Nacional de la Factura Electrónica). "Sin una red y sin una función de detección, la conformidad será lenta. La interoperabilidad de la red, regulada por una autoridad, es la única manera de avanzar", continúa Christophe Viry.

Simplifique la integración con los proveedores de software de contabilidad

La DGFiP indica que actualmente está buscando una autoridad pública que garantice la gobernanza de la red francesa Peppol. El aplazamiento de dos años de la reforma parece, por tanto, una vez más, beneficioso, ya que la administración parece haber tenido en cuenta tarde el tema de la interoperabilidad necesaria entre los diferentes componentes técnicos. Esto se aplica al vínculo entre las PDP, pero también a la integración entre las PDP y los OD, los operadores de desmaterialización, es decir, los múltiples editores de software que gestionan la facturación en las empresas. "Cuando se envía una factura a una PDP emisora, un editor debe tener la seguridad de que la factura llegará de forma segura. Para ello, los 500 editores implicados no van a desarrollar un conector para cada PDP", subraya Thierry Hardion, vicepresidente de la SDDS, una asociación de editores y proveedores de servicios especializados. Por tanto, esta última espera que la AIFE publique una API que corresponda al mínimo esperado por la reforma y que permita simplificar estas integraciones.

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