Explosión de la cueva de Rio Tinto: explicación de la destrucción de la garganta de Juukan
hace 4 años
Tres ejecutivos de Rio Tinto han sido despojados de sus bonificaciones por la destrucción de antiguos refugios rocosos aborígenes en la región de Pilbara en Australia Occidental.
La compañía recibió la aprobación para trabajar en el proyecto de mineral de hierro Brockman 4 en 2013, pero después de que se encontraron artefactos importantes en Juukan Gorge, los propietarios tradicionales pidieron al gigante minero que detuviera las voladuras.
Sus súplicas cayeron en oídos sordos y las dos cuevas de 46.000 años de antigüedad fueron destruidas en mayo, devastando al pueblo Puutu Kunti Kurrama y Pinikura, provocando indignación internacional y provocando una investigación parlamentaria.
Rio Tinto inicialmente solo se disculpó por causar angustia a los propietarios tradicionales, pero ha intensificado su remordimiento, diciendo que está decidido a garantizar que tal destrucción del patrimonio indígena nunca vuelva a ocurrir.
La compañía dijo el lunes que su directorio había completado una revisión interna del incidente, anunciando que el director ejecutivo Jean-Sebastien Jacques, el jefe de su división de mineral de hierro Chris Salisbury y la ejecutiva del grupo de relaciones corporativas Simone Niven no recibirían bonos relacionados con el desempeño este año.
Además, la adjudicación del plan de incentivos a largo plazo de 2016 de Jacques, que se adjudicará en la primera mitad de 2021, se reducirá en £ 1 millón ($ A1.82 millones).
“La revisión de la junta concluyó que si bien Rio Tinto había obtenido la autoridad legal para impactar los refugios rocosos de Juukan, no cumplió con los estándares y la guía interna que Rio Tinto se establece, además de sus obligaciones legales”, dijo el minero.
“La revisión no encontró ninguna causa raíz o error que tuviera como resultado directo la destrucción de los refugios rocosos.
"Fue el resultado de una serie de decisiones, acciones y omisiones durante un período prolongado de tiempo, respaldado por fallas en los sistemas, intercambio de datos, compromiso dentro de la empresa y con el PKKP y una mala toma de decisiones".
La comisión parlamentaria entregará su informe antes del 30 de septiembre.
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