Esta es una novedad en Europa. En España, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que se aprueba el estatuto de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA). Anunciado este 22 de agostoesta agencia es “fruto del trabajo conjunto del Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Ministerio de Economía y Transformación Digital”, afirma el gobierno ibérico. Ante tales avances en la tecnología de inteligencia artificial a nivel global, el país quería tomar la delantera. Por tanto, la IA se ha convertido en una prioridad para el gobierno español y forma parte de la Agenda Digital 2026 del país.

Como recordatorio, esta iniciativa incluye diferentes planes, entre ellos la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), que pretende proporcionar un marco de referencia para el desarrollo de una inteligencia artificial “inclusiva, sostenible y centrada en el ciudadano”. Se trata de una de las medidas del componente 16, reforma 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que pretende convertir a España en un país líder en el ámbito de la IA. Desde el punto de vista organizativo, la agencia estará adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

Por primera vez en Europa antes de la entrada en vigor de la Ley de IA

Con la creación de esta agencia de supervisión de la IA, España se convierte así en el primer país europeo en contar con una organización de este tipo y anticipa la entrada en vigor del reglamento europeo sobre inteligencia artificial, AI Act. Recordemos que este reglamento exigirá, en particular, que los Estados miembros designen una “autoridad nacional de control” responsable de supervisar la aplicación de las normas relativas a la inteligencia artificial. e incluso si el 14 de junio, Los eurodiputados han aprobado el proyecto de reglamento europeo sobre inteligencia artificial, aunque la agenda sigue ocupada.

El siguiente paso resulta, de hecho, más complicado; implica negociar con cada uno de los estados miembros para finalizar el texto. Por lo tanto, los debates prometen ser intensos: por un lado, el Parlamento Europeo pide prohibiciones, como la de los sistemas automáticos de reconocimiento facial en lugares públicos, por otro, está la Comisión Europea que desearía autorizar su uso. uso por parte de las fuerzas del orden para luchar contra el crimen y el terrorismo. Muchos países también han manifestado su negativa a prohibir esta controvertida tecnología. La Unión Europea espera concluir este reglamento antes de fin de año, aunque no entrará en vigor antes de 2026.