Dinum, un departamento informático del Estado que no consigue imponerse: este es, en resumen, el panorama que pinta el Tribunal de Cuentas en un informe publicado la semana pasada sobre la actuación de la Dirección Digital Interministerial. Creado en 2019, ampliando las misiones de una estructura preexistente (DINSIC), este departamento, situado bajo la autoridad del ministro de Transformación y Función Pública, se supone que diseña e implementa la estrategia digital del Estado. Para ello, el actual departamento Dinum se basa en una hoja de ruta publicada en marzo de 2023, que debería traducirse en una hoja de ruta ministerial a lo largo de este año. Sin embargo, para el Tribunal de Cuentas, en esta estrategia "el grado de implicación de los ministerios" sigue sin estar claro.

Un viejo debate, los ministerios siguen siendo celosos de su independencia, incluso en materia de TI, lo que limita de facto el alcance y la eficacia de Dinum. A pesar de un presupuesto "quintuplicado entre 2019 y 2022", subrayan los sabios de la calle Cambon (el presupuesto de 2023 se redujo debido al final del plan de recuperación). De paso, estos últimos critican la ilegibilidad del presupuesto de Dinum -que es, en particular, el delegado de los gastos realizados en nombre de otros ministerios por casi el 13% de sus propios créditos- y su compleja gestión: "la estructuración de las funciones presupuestarias, de compras y de control interno sigue siendo insuficiente para un departamento cuya vocación es realizar un gasto transversal", se puede leer en el informe.

La justicia encarcela los datos

Aunque el Tribunal no cuestiona las misiones principales de Dinum (datos abiertos, funcionamiento de la red interministerial del Estado, innovación digital en las administraciones y aseguramiento de grandes proyectos), destaca sus límites. Como en el ámbito de los datos abiertos. Es cierto que más de 47.000 conjuntos de datos estaban disponibles en data.gouv a finales de 2023. Pero este esfuerzo no cuenta con el apoyo de todos los ministerios: "mientras que el Ministerio de Educación Nacional y Juventud ha abierto los 20 conjuntos de datos prioritarios, el Ministerio de Justicia no ha abierto ninguno de los 11 conjuntos de datos previstos", critica el Tribunal de Cuentas.

Esta capacidad de los ministerios para ignorar las reglas interministeriales es aún más flagrante en lo que respecta a la misión de protección de los grandes proyectos informáticos del Estado llevada a cabo por la Dinum. Se trata de una misión fundacional, ya que una de las vocaciones de la Dirección de Informática del Estado es precisamente prevenir o limitar los excesos de los grandes proyectos informáticos, excesos que costaron tan caro a las finanzas públicas en los años 2000 y 2010 (con grandes fracasos como Cassiopée, Louvois, SIRHEN o la ONP).

Auditorías de proyectos: los ministerios juegan al juego de la evasión

"A pesar de la obligación de los responsables de los grandes proyectos digitales en el Estado de someter a Dinum a una evaluación pericial, la misión de garantizar la seguridad de estos proyectos siempre ha sido más o menos cuestionada, a menudo mediante métodos de elusión", escribe el Tribunal de Cuentas en Su informe"Si bien cualquier proyecto de más de 9 millones de euros requiere su dictamen, algunos ministerios no lo han solicitado o lo han hecho demasiado tarde en el caso de proyectos que ya están muy avanzados. En este contexto, los dictámenes desfavorables de la dirección han sido poco frecuentes y las reservas expresadas han tenido un seguimiento desigual". Rue Cambon pide a Dinum que vuelva a invertir en este ámbito esencial.

Dinum audita entre unos pocos y unos veinte proyectos informáticos al año, pero muchos ministerios evitan hacerlo o contactan con el departamento informático una vez que el proyecto ya se ha puesto en marcha.

De hecho, las cifras respaldan el análisis de Rue Cambon. Solo el 10% de los proyectos presentados a la Dinum recibieron un dictamen desfavorable, mientras que el 40% recibió un dictamen favorable con reservas "a veces importantes". Para el Tribunal de Cuentas, este desequilibrio refleja "la incapacidad de la Dinum para ejercer plenamente" sus prerrogativas en este tema. En este asunto, la institución señala claramente la responsabilidad de los ministerios. En primer lugar, a pesar de la obligación legal (artículo 3 del decreto del 25 de octubre de 2019), algunos proyectos por un valor superior a 9 millones de euros no se presentan a la Dinum. O demasiado tarde, cuando las licitaciones para los contratos de implementación ya se han publicado, o incluso después de que la solución se haya puesto en producción, como fue el caso de la plataforma digital nacional del Servicio de Acceso a la Atención.

Una auditoría preventiva desviada de su finalidad

Para apoyar su demostración, el Tribunal de Cuentas cita el caso del proyecto Scribe, del Ministerio del Interior. De hecho, se pidió a Dinum su opinión sobre esta revisión del software de redacción de procedimientos para la Policía Nacional, en el marco de la desmaterialización de la cadena penal, ¡pero solo cuatro años después del lanzamiento del proyecto! Y mientras que la convocatoria de licitación para el desarrollo de la solución ya se había publicado. A pesar de las debilidades estructurales identificadas en su momento por el servicio informático del Estado (nada menos que cuatro reservas relativas a puntos esenciales), el proyecto recibió un dictamen favorable... para luego ser abandonado en octubre de 2021, tras múltiples dificultades. Dejando una factura de 13,3 millones de euros sobre la mesa. "Contrariamente a la vocación inicial de un mecanismo preventivo, el procedimiento del artículo 3 se considera principalmente como que permite confiar a un tercero la terminación de proyectos que ya están en dificultades", lamenta el Tribunal de Cuentas.

La rue Cambon aboga por otorgar a la Dinum, en colaboración con el departamento de presupuestos, un poder de veto sobre los proyectos que reciban un dictamen desfavorable y ampliar el procedimiento de dictamen a los operadores estatales, que actualmente escapan a su derecho de control. Y el Tribunal de Cuentas va más allá, señalando las insuficiencias de esta palanca única, limitada por definición a los proyectos de más de 9 millones de euros. La rue Cambon recomienda consolidar, bajo la égida de la Dinum, todos los gastos estatales relacionados con las tecnologías digitales. Un ejercicio que el departamento de presupuestos de Bercy ha emprendido, pero "tarde", lamentan los autores del informe, que recuerdan haber pedido esta consolidación ya en 2016.

El tribunal pide que se calcule el ROI

"La creación de una visión consolidada del gasto digital del Estado parece ser un requisito indispensable para la gestión y evaluación de su estrategia digital. Si bien las desviaciones presupuestarias de los grandes proyectos digitales siguen siendo significativas, Dinum debe poder evaluar los ahorros presupuestarios obtenidos gracias a los diversos programas de desmaterialización realizados en el ámbito público, así como los costes de propiedad del uso de productos digitales". En otras palabras, un enfoque de tipo ROI para alinear el gasto presupuestario con los objetivos establecidos y las ganancias financieras esperadas.

El Tribunal de Cuentas recomienda a Dinum que aplique este enfoque, incluso en sus propios programas de inversión destinados a promover la innovación en el Estado, como en el caso de las start-ups estatales, a las que se han comprometido 172 millones de euros. "Sería deseable que Dinum se centrara ahora en perpetuar las start-ups estatales que han demostrado su éxito y en frenar las que se encuentran en dificultades, sistematizando los análisis de eficacia comparando los medios y los impactos operativos", escribe Rue Cambon.

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