Como sugerimos a mediados de julio, el paso fue demasiado alto para una generalización de la factura electrónica en menos de un año. El viernes 28 de julio, en pleno verano, el Gobierno anunció el aplazamiento de la entrada en vigor de la factura electrónica, prevista inicialmente para el 1 de julio.ejem Julio de 2024. En un comunicado de prensaLa Dirección General de Finanzas Públicas (DGFiP) explica que esta decisión se tomó con el fin de “dar el tiempo necesario para el éxito de esta reforma estructurante de la economía”. Pero no indica un nuevo calendario, especificando únicamente que éste se definirá como parte de los trabajos para adoptar la ley de finanzas para 2024.

Inicialmente, la reforma preveía la obligación, para todas las empresas en Francia, de poder recibir el 1ejem Julio 2024 facturas electrónicas. No estamos hablando aquí de la transmisión de archivos PDF, sino del intercambio de datos XML. El cronograma inicial preveía, por el contrario, un cierto margen en cuanto a la emisión de dichas facturas electrónicas. Si esto se impuso a las grandes empresas (más de 5.000 empleados) a partir del 1 de julio, las medianas (de 250 a 4.999 empleados) se beneficiaron de seis meses adicionales para completar su transformación. Y, para las pymes, el plazo se fijó para el 1ejem Enero de 2026. Una fecha límite que acaba de ser barrida por el comunicado de prensa de la DGFiP.

No rompas la dinámica

Para Cyril Sautereau, presidente del FNFE (Foro Nacional de Factura Electrónica), este aplazamiento crea el riesgo de “romper la dinámica que estaba en marcha”. Para él, si todo el calendario se retrasa un año, las empresas que no estaban preparadas volverán a posponer sus trabajos de adaptación y las que habían avanzado en el tema eliminarán este proyecto de sus prioridades inmediatas. Y Cyril Sautereau recomienda, en cambio, una forma de flexibilidad que permita a las empresas más avanzadas entrar en el sistema lo antes posible, “manteniendo la obligación de recibir facturas electrónicas, que es la piedra angular del sistema”.

“Debemos garantizar que las organizaciones que se adhirieron al cronograma inicial puedan completar su proyecto, sobre todo porque han invertido en él, al igual que las empresas que diseñaron las plataformas de desmaterialización asociadas”, continúa el presidente de la FNFE. Sobre todo desde las especificaciones externas del portal estatal (el Portal de Facturación Pública o PPF), muy esperado por empresas y editores que han avanzado en el tema, acaban de ser publicados.

“Este mantenimiento del sistema técnico debe ir acompañado de un refuerzo de los aspectos relacionados con la emisión de facturas y los informes electrónicos”, añade Cyril Sautereau. Además de la transición a las facturas electrónicas, la reforma prevé la transmisión automática de los datos de las transacciones a la administración tributaria, una nueva obligación que las empresas no comprenden bien. Además, esta iniciativa de la administración francesa, destinada a limitar las posibilidades de fraude, se ve afectada por un proyecto de directiva europea, VIDA (para el IVA en la era digital), que entrará en vigor probablemente en 2028 y que también prevé la presentación de informes. obligaciones de la misma naturaleza.