A decreto del 11 de mayo publicado en el Boletín Oficial del Ministerio de Transformación y Función Pública organiza intercambios de datos entre administraciones con el fin de organizar lo que podríamos calificar de administración proactiva. Uno de los objetivos declarados consiste en realidad en "informar a las personas sobre sus derechos a un posible beneficio de un servicio o de una ventaja y a conceder, en su caso, dichos beneficios o ventajas", es decir, conceder automáticamente beneficios sociales. Este uso de datos tiene como objetivo, en particular, remediar la situación de las personas que no solicitan las ayudas a las que tienen derecho, a menudo por desconocimiento de los sistemas en cuestión. El decreto especifica que los datos recopilados para informar a las personas sobre sus derechos se conservarán “por un período no superior a doce meses”

A segundo decretopublicado el mismo día, especifica la lista de administraciones que deberán compartir sus datos para permitir la implementación de esta administración proactiva, así como la naturaleza de la información que se compartirá. Allí encontramos la DGFiP, los distintos organismos de protección social, la Educación Nacional, Pôle Emploi e incluso los registros de los tribunales de comercio. También se incluye el Dinum (Dirección Digital Interministerial), por su servicio de gestión de identidad federada FranceConnect.