En un informe publicado a finales de enero, el Tribunal de Cuentas hace balance de las acciones de modernización del Estado emprendidas desde el comienzo del primer mandato de cinco años de Emmanuel Macron en 2017. Ese año, el gobierno de Édouard Philippe lanzó, bajo el título "Acción pública 2022", un programa de modernización de la acción pública, destinado a "reexaminar el alcance de las misiones del Estado, aclarar las competencias de las autoridades y administraciones locales y revisar determinadas políticas públicas, con vistas a ahorros presupuestarios más o menos presupuestarios", según los términos del Tribunal de Cuentas. Todo un programa, que ha producido resultados mucho más modestos, según la institución de la calle Cambon.

Este último, aunque reconoce que esta estrategia se ha topado con una sucesión de crisis (chalecos amarillos, Covid-19), considera que los resultados de este esfuerzo siguen siendo "contrastados", señalando que la ambición reformista mostrada inicialmente -reexaminar el alcance de las misiones del Estado- ha sido dejada de lado en favor de una serie de políticas prioritarias, desglosadas a su vez en 150 proyectos. "Este nuevo enfoque de modernización, abundante, se identifica ahora bajo el término de 'transformación pública'. Ya no cuestiona el alcance de las misiones del Estado ni el reparto de competencias entre el Estado y las colectividades locales ni la arquitectura superpuesta de estas últimas, y el objetivo presupuestario inicial ha quedado relegado a un segundo plano", lamenta la rue Cambon.

Digital: los retos siguen siendo “inmensos”

Según el Tribunal de Cuentas, la transformación pública, que se ha convertido en una política de evolución de los procesos existentes y de despliegue de nuevas herramientas de gestión, también sufre de una falta de coordinación entre los dos departamentos interministeriales que la dirigen, el DITP (Departamento Interministerial de Transformación Pública) y el Dinum (Departamento Interministerial de Tecnologías Digitales). Si el departamento informático del Estado aparece así en primera línea de la transformación, es por el papel protagonista que desempeña la tecnología digital en los esfuerzos de modernización del Estado, con la lógica de la desmaterialización que ahora se extiende a los servicios basados ​​en la explotación o el cruce de datos. "Entre las herramientas utilizadas para acelerar la modernización de la acción pública, la tecnología digital ocupa un lugar central", observan los autores del informe. Lo que no significa que esta palanca haya podido explotarse plenamente por el momento.

En efecto, según el Tribunal, los desafíos en este ámbito siguen siendo inmensos: "requieren una estrategia de desarrollo de la cultura digital que defina reglas claras para la puesta en común de competencias entre administraciones, garantice el control por parte del Estado de las herramientas digitales y le proporcione recursos humanos y financieros adecuados. Este es el objetivo de la nueva hoja de ruta asignada a la Dirección Digital Interministerial (Dinum) el 9 de marzo de 2023, cuya eficacia y eficiencia de aplicación deberá medirse en los próximos meses". Cabe señalar, en el ámbito del aumento de las competencias de las administraciones, la Lanzamiento de un campus digital públicocon el fin de capacitar a los agentes estatales y la publicación de un rango flexible de remuneración para los perfiles informáticos, destinados a facilitar la contratación de estas profesiones tan demandadas. Dos iniciativas que Dinum lidera. Pero, para el Tribunal, las políticas iniciadas por la DSI siguen estando demasiado desvinculadas de las del DITP, lo que crea "riesgos de solapamiento y de falta de coordinación entre proyectos".

DGFiP: la buena alumna del Tribunal de Cuentas

Aunque la transición de la simple desmaterialización a la explotación de datos sigue siendo una perspectiva para muchas administraciones, el Tribunal cita como ejemplo el caso de la DGFiP (Dirección General de Finanzas Públicas). En este último caso, una reflexión, iniciada en 2020-2021, condujo a la reorganización de los servicios responsables de las TI con, por un lado, la creación de una delegación digital, para dirigir la comunidad digital de la dirección, y, por otro lado, la división del departamento de TI en dos, con un departamento transversal de SI y un departamento de proyectos digitales. "Con esta nueva organización, la DGFiP puede ahora ofrecer sus servicios a múltiples socios", observa el Tribunal, que cita en particular la nube Nubo o el Espacio Digital que permite a los agentes de la dirección acceder a sus nóminas desmaterializadas. Un último servicio que pronto se compartirá con el Consejo Constitucional y el CNRS.

Sin embargo, el Tribunal señala que en otras administraciones la estrategia digital carece de claridad. "No se ha establecido una estrategia global. Siguen existiendo oportunidades de productividad importantes. La gestión manual de los expedientes sigue siendo una práctica muy extendida, en particular en las organizaciones sociales, lo que genera altos índices de error y, en consecuencia, sobrepagos y costes de gestión adicionales. Muchas tareas podrían automatizarse", lamentan los expertos, que también señalan la ausencia de un marco armonizado que aclare el papel de las diferentes administraciones en la prestación de servicios compartidos, defina los principios de facturación asociados y promueva el intercambio de experiencias y mejores prácticas.

El Tribunal aboga por un refuerzo del "papel de orquestación" que debe desempeñar Dinum en el Estado: este departamento "se beneficiaría de ir más allá del ámbito de los proyectos puntuales (startups estatales) para iniciar una verdadera estrategia colectiva de desarrollo de la cultura digital, distribuyendo claramente los proyectos entre los diferentes actores y definiendo reglas para la puesta en común de competencias", escribe el Tribunal de Cuentas. Una misión que figura claramente entre las atribuciones del departamento, tanto desde un punto de vista histórico como en el último decreto que define el ámbito de acción del servicio. De hecho, esto indica que Dinum "dirige la política de puesta en común del sistema de información y comunicación del Estado. Puede intervenir tanto en la gobernanza como en el diseño y la implementación de las operaciones de puesta en común".

Riesgo de dilución de las inversiones

Según la calle Cambon, la verdadera innovación del proceso de modernización de los últimos años reside en el despliegue de una herramienta de pilotaje (llamada Pilote) que permite el seguimiento de las acciones sobre el terreno -a nivel de los prefectos- bajo la gestión directa de la secretaría general de la presidencia de la República y del gabinete del Primer Ministro. "Esta organización favorece una tensión de toda la línea de gestión, desde el ministro hasta los agentes de la administración descentralizada", escriben los sabios, que no obstante se apresuran a señalar el lado más oscuro de esta organización. Según ellos, este método de pilotaje por objetivos se traduce en convocatorias de proyectos financiados por múltiples fondos ad hoc (como el fondo para la transformación de la acción pública, ver recuadro), "con el riesgo de una cierta dispersión y dilución de las financiaciones".