Colocado en ropa de vehículo para detectar conductores en tiempo real o en una distracción que puede interrumpir la conducción, las cámaras algorítmicas se colocan cada vez más en automóviles y camiones de compañías de transporte. Y esto para cumplir con los objetivos legítimos dirigidos en particular para reducir el riesgo de accidentes de tráfico y fortalecer la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente durante las operaciones de transporte, los conductores de conciencia/trenes, o incluso evaluarlos. Pero esto no se puede hacer en ninguna condición: "Sin embargo, la continuación de estos propósitos requiere un equilibrio en el derecho a la protección de los datos personales de los conductores, así como al respeto de su privacidad", advierte el CNIL en un último informet en el tema. "Como tal, los dispositivos implementados no pueden conducir a monitorear continuamente a los empleados en su tiempo de trabajo, incluso para los fines antes mencionados".
Según la Comisión Nacional de Protección de Datos, el empleador debe establecer garantías para garantizar el equilibrio entre los derechos de las personas, por un lado, y los intereses de la organización, por el otro. "Cualquiera que sea el objetivo que se persiga, el empleador debe demostrar de manera documentada cómo los datos son necesarios para garantizar la seguridad de los bienes y las personas para permitir su registro. Como tal, el empleador podría cuestionar la efectividad de dichos dispositivos y la precisión de los datos recopilados para demostrar la relevancia de los dispositivos previstos para garantizar, de manera real, la seguridad de las personas y los bienes y la capacitación de los principales". ".". ".
Un poder para ejercer sus derechos sobre los datos personales
En todos los casos, los conductores también deben poder ejercer sus derechos sobre sus datos personales del empleador (derecho de acceso, oposición ...). "Employees must be informed of the methods of controlling and processing their personal data. If this data may be used for disciplinary purposes, they must also be informed (for example by indicating it in the internal regulations) in order to be able to determine in advance the extent and consequences of treatment. The employer must inform and consult before the decision to implement the system: in companies with more than 11 employees, the social and economic committee (CSE); The public service, the social board of directors, "warns the Cnil.
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